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Los desafíos de la nueva Ley de I+D en Chile

A pesar de que en Chile existe, desde 2008, una ley tributaria que busca favorecer e incrementar el desarrollo de I+D estableciendo exenciones impositivas ejemplares a nivel mundial, es necesario modificarla. ¿El motivo? Es muy poco utilizada, y empresas que por su naturaleza deberían verse especialmente favorecidas, como algunas startups, están lejos de poder acceder a sus beneficios.


A pesar de que la actual Ley 20.241 (conocida tradicionalmente como Ley de Incentivo Tributario a la I+D, o simplemente Ley de I+D) lleva más de una década vigente en nuestro país, son solamente algunas empresas las que han conocido de sus atributos y son menos aún las empresas que se han visto favorecidas por sus beneficios*.

Resumidamente, la Ley de I+D establece un beneficio tributario sobre la inversión privada que realizan empresas pertenecientes a la primera categoría de la Ley de Impuesto a la Renta (empresas comerciales, industriales, de servicios, extractivas, agrícolas y cualquier otra que contemple la ley), producto de la realización de proyectos de Investigación y Desarrollo.

No es plata fresca que se inyecta a las arcas de la empresa en cuestión, sino que permite descontar directamente el 35% de ese presupuesto de I+D al impuesto que la empresa debe pagar por su ejercicio tributario anual.

La ley, tal como está descrita, establece uno de los mejores beneficios tributarios a la I+D a nivel mundial. Pero siendo así ¿por qué tan pocas empresas se acogen a esta Ley?

Numerosos estudios se han hecho al respecto, y se ha llegado a la conclusión de que son muchos los factores involucrados y no es solamente una la respuesta existente. En efecto, desde la naturaleza de la empresa chilena, que no posee dentro de sus pilares la I+D como elemento estratégico y central de sus negocios, hasta los procesos burocráticos y administrativos que están involucrados en la certificación de estos proyectos (requisito para la adjudicación de los beneficios tributarios), se contabilizan como los responsables de la baja adopción de este instrumento por parte del sector privado.

Teniendo este diagnóstico ―que distingue más elementos de interés que comentaré en próximas columnas―, CORFO (que es la agencia encargada de la administración de este instrumento) ha recopilado información y ha propuesto mejoras y modificaciones a la Ley de I+D, esperando que su utilización se incremente en los próximos años.

Las mejoras, a su vez, se deben complementar con las próximas reformas tributarias que se han planteado recientemente y que también buscan favorecer el ecosistema y la inversión de I+D+i en nuestro país.

En el ejercicio de establecer estas mejoras y modificaciones se ha reconocido lo imperativo, por ejemplo, de identificar las necesidades puntuales que poseen las empresas pequeñas y medianas versus las necesidades de empresas grandes y consolidadas.

En ello, el caso puntual de las startups de base científico-tecnológica plantea un desafío importante a la Ley, ya que muchas de estas empresas realizan y desarrollan negocios muy disruptivos con un alto contenido de I+D en la génesis de sus productos o servicios, pero a las que la Ley no les hace mucho sentido en la medida en que no generen un volumen de ventas importante que refleje un pago de impuestos al cual aplicarle el crédito tributario que establece el instrumento.

¿Cómo se visualiza el escenario entonces de la Ley de I+D en los próximos años producto de estas modificaciones? Ahondaré más sobre esto en mi próxima columna.

 

*: La cantidad, tipo de empresa y las regiones que más han participado certificando proyectos en la Ley de I+D, se pueden encontrar en la página www.datainnovacion.cl, perteneciente a la Gerencia de Innovación de Corfo, en donde se detalla todo el portafolio que apoya dicha gerencia.

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Magíster en Gestión Tecnológica

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