La diputada Camila Vallejo ingresó, hace ya más de 4 años, un proyecto de ley para reducir formalmente de 45 a 40 horas semanales el tiempo de trabajo en Chile. Si bien la iniciativa quedó inicialmente atascada, desde el estallido social ha logrado un impulso, y hoy está en la Comisión del Trabajo del Senado.
Una segunda iniciativa, ingresada a mediados de este año por el diputado Raúl Soto, busca reducir formalmente a 38 horas el tiempo de trabajo semanal en un plazo de 5 años, con posibilidad de pactar 4 días de trabajo y 3 de descanso. Hoy, la reducción de las horas de trabajo es también parte del programa de gobierno del presidente electo, por lo que no cabe duda de que disminuir el tiempo de trabajo es un tema que ha logrado posicionarse con cierta relevancia en la agenda pública como uno de los elementos para mejorar de manera general las condiciones de vida de la gente.
Sin embargo, son varias las voces que suenan la alarma, haciendo referencia a la pandemia y el impacto económico que ésta ha tenido y, posiblemente, siga teniendo en el futuro cercano. Reducir la jornada laboral podría, al parecer, asestar a nuestra ya maltraída economía otro golpe del cual sería bueno prescindir. Para esos sectores, la reflexión es esta: trabajar menos sería producir menos, lo que simplemente nos haría más pobres. Pero las cosas no son tan simples como esta operación algebraica de suma y resta, y las miradas parecen girar, a buena hora, hacia el problema original de todo este asunto: la productividad, cuyo nivel en Chile no puede más que hacernos sonrojar.
“Cómo logramos productividad para que esto lo podamos solventar en el tiempo”, declaraba en tono de pregunta Juan Sutil a La Tercera en julio de este año. Lo bueno es que tenemos varias respuestas para esta pregunta, y una de ellas ya fue formulada por el Ministerio de Educación en mayo de este año con la “Propuesta de actualización de la estructura de títulos y grados para la educación superior chilena”. Una de las tantas ideas que componen el documento dice que se debe “permitir el uso de la franquicia tributaria para el financiamiento, aunque sea parcial, del arancel de carreras técnicas”. Esto, pues “existe evidencia [de] que la formación técnica conduce a mejor empleabilidad y mayor productividad cuando está asociada al título de técnico de nivel superior”.
Desde otro frente, el informe realizado por la Comisión Nacional de Productividad, Análisis técnico de una Reducción Legal de la Jornada Laboral, publicado el 2020, no aborda ―al menos no de manera directa― la educación como una solución a los problemas de productividad laboral que enfrenta el país, aunque sí concluye que la reducción del tiempo de trabajo afectaría con mayor fuerza a mujeres, menores de 30 años y quienes tienen estudios hasta nivel medio. Por donde se quiera ver, la Educación y Formación Técnico Profesional será parte central de un abanico de soluciones que, sin duda, tendrá que ser amplio y con los incentivos suficientes.
Ahora bien, el funcionamiento de la EFTP también debe ser eficiente, so pena de caer recursivamente en problemas de productividad. Y aquí también hay algunas soluciones sobre la mesa, como la articulación entre la Educación Superior, la Educación Media Técnico Profesional, la capacitación (SENCE) y la certificación de competencias (ChileValora). Los avances sobre este punto son, sin embargo, todavía muy limitados; las instancias de coordinación son escasas y el Marco de Cualificaciones Técnico Profesional (instrumento clave en la articulación de la EFTP) no cuenta aún con una agencia propia.
La EFTP puede ser un aporte concreto y de gran impacto para mejorar la productividad laboral del país, única manera de reducir el tiempo de trabajo sin afectar aún más nuestros ingresos. Pero para ello es necesario que la educación técnica ocupe el lugar que le corresponde en la sociedad chilena. Es de suponer que el próximo año será clave para ver si podemos tener esperanza sobre esto último.
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