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Proyecto Taruca y su inexplicable aprobación

Un desarrollo sostenible que proteja la biodiversidad es siempre una promesa, pero nunca una opción. La aprobación del Proyecto Fotovoltaico Taruca es el más reciente ejemplo en que la conjugación de intereses económicos y una débil legislación medioambiental ponen en riesgo la supervivencia de una especie en peligro de extinción. En este caso, la Golondrina de Mar Negra.

Hoy en día las soluciones a las problemáticas ambientales se hacen cada vez más necesarias. Por ello, iniciativas amigables con el medio ambiente que contribuyan a la generación y luego a la provisión de un bien básico de primera necesidad, como la energía eléctrica, se agradecen. Pero, a veces, hasta estas alternativas de tipo sostenibles generan perjuicio a la biodiversidad cuando las decisiones que deben tomarse se ven afectadas por intereses creados entre el empresariado y el Estado.

Hoy, la ciudad de Arica, ubicada en la Región de Arica y Parinacota, se ve enfrentada a un nuevo complejo escenario con la aprobación del “Proyecto Fotovoltaico Taruca”, de la empresa Taruca Solar SpA, y cuyo representante es el ex Subsecretario de Medio Ambiente Rodrigo Benítez Ureta, quien se desempeñó en el cargo durante los años 2013, 2014 y 2018.

El impacto que generará la ejecución de este proyecto está íntimamente relacionado con el lugar de su emplazamiento, debido a que corresponde a un sitio de anidación de la Golondrina de Mar Negra (Oceanodroma markhami), especie catalogada en Peligro de Extinción según el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE). El área escogida es el sector de Pampa Chuño, ubicado a unos 23 km de distancia del mar y a una altitud de 780 msnm. Este lugar cuenta, según la Revista Chilena de Ornitología, con el “registro de 90 parejas en un área de 41 ha”[1].

La mayor colonia de golondrinas del país se encuentra en la ciudad de Arica, y aunque su hábitat es en altamar, el ave viaja hacia la zona de la pampa para anidar en cuevas que se forman en costras salinas. Allí hembra y macho empollan un único huevo durante 50 días, y luego, cuando eclosiona el polluelo, es alimentado por otros 20 a 30 días, para finalmente emprender el vuelo nuevamente hacia altamar. Estas características en su proceso de reproducción hacen que cualquier intervención en su hábitat genere un descenso de su población.  

Imaginamos que por ello la misma SEREMI de Medio Ambiente incluyó observaciones a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) presentada por la empresa, en donde señala que: “El proyecto se ubica cercano a la colonia de nidificación “Pampa Chuño” de la Golondrina de Mar Negra”; que el proyecto “tiene el potencial de generar destrucción de nidos de una especie En Peligro”[2]; que tampoco son considerados “los posibles efectos del proyecto sobre esta especie amenazada”; y que esta especie se encuentra “incluida en el Plan de Recuperación, Conservación y Gestión de golondrinas de mar del norte de Chile”.

Pero, además, de acuerdo con el Decreto n°40, artículo 6, letra b) ―que aprueba el “Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental―, se especifica que “para la evaluación del impacto (de estos proyectos) se deberá considerar la diversidad biológica, así como la presencia y abundancia de especies silvestres en estado de conservación o la existencia de un plan de recuperación, conservación y gestión de dichas especies”, y por lo tanto requerirán elaborar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y no una simple DIA, como fue en este caso. La diferencia entre ambas y el motivo por el cual muchos proyectos, mediante una serie de artimañas técnicas, esquivan presentar un EIA, es que la DIA es más laxa y no exige de una consulta ciudadana que puede mantener en pausa un proyecto hasta que la comunidad lo apruebe.

Sin embargo, proyectos como este, o el más reciente caso Dominga, demuestran lo débil que es la legislación medioambiental chilena. Es un acto recurrente en nuestro país el conflicto entre decisiones políticas y técnicas, mediadas por intereses económicos de grandes empresas, que perjudican a la biodiversidad ―pero también, en otros casos, a comunidades de las primeras naciones―. Y como es algo que lamentablemente ya no nos sorprende, no nos queda más que la sospecha, y preguntarnos por qué a través de la Comisión de Evaluación Ambiental Regional, presidida por el SEREMI de Medio Ambiente, Pablo Bernar Vargas, quien además contaba con un informe desfavorable emitido por su mismo servicio, se vota a favor de la ejecución del Proyecto Taruca.

Actualmente las organizaciones ambientales de la región, como Observadores de Aves y Fundación Conservación Costera (UMA), en coordinación con el Comité Ambiental Comunal de Arica, se encuentran trabajando para revertir esta situación desarrollando informes bajo un análisis técnico para exponerlo ante las autoridades y comunidad.

 

[1] Ministerio de Agricultura, Servicio Agrícola y Ganadero. (2020), Catastro de la especie Oceanodroma markhami (Golondrina de mar negra) en época de reproducción en el sector Pampa Chuño de la región de Arica y Parinacota.

[2] ORD N° 147 de la SEREMI de Medio Ambiente en respuesta al Oficio N°40/2020.

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Geógrafo, Magíster en Ciencias Ambientales. Presidenta de la Agrupación Observadores de Aves de Arica y Parinacota, Secretaria Comité Ambiental Comunal de Arica

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