Hace algún tiempo, antes de que llegara la pandemia del COVID-19 a Chile, leía en una publicación de un diario de circulación nacional que definían el Estado Subsidiario como aquel “asociado al respeto por el individuo y la autonomía de los grupos no estatales, quienes tienen una preferencia para desarrollar actividades que no estén exclusivamente reservadas para el Estado (como ocurre con la Defensa Nacional)”.
Pero, en general, ¿qué significa Estado Subsidiario? Confiemos siempre en que las mejores verdades son aquellas que vienen en los envases más simples. El Estado Subsidiario no es más que un modelo, una forma, no un fondo. Es el estándar en la toma de decisiones que adopta un Estado, en la cual las medidas siempre tenderán a que las soluciones las realicen los privados. Es, en definitiva, una directriz que permite optar por distintas alternativas frente a una misma situación, que permite NO acudir al privado cuando el privado NO tenga intereses en resolver adecuadamente los asuntos.
Esto, sin embargo, no es un dogma ni tampoco es una obligación. Este Estado es consecuencia de un modelo en donde, disimuladamente, los gobiernos comenzaron a convertir la política en negocio a través de un discurso que de a poco fue normalizando cuestiones aberrantes o simplemente injustas, sin ningún fundamento práctico.
En este sentido, durante muchos años hemos participado o presenciado interminables discusiones sobre cuál debe ser el rol del Estado en temas sociales elementales como lo es la educación y la salud.
Sin duda hay servicios que son muy bien atendidos por los intereses privados, sobre todo aquellos que potencian la manifestación y el desarrollo de nuestras diferencias. Pero hay otros que indudablemente no lo son. Por ejemplo, a nadie se le ocurriría privatizar Correos de Chile. ¿Qué interés tendría un privado en gastar $20.000 para hacerle llegar a una familia en Palena una carta enviada por la Tesorería General de la República que contiene un detalle de la deuda que mantiene por el no pago de su impuesto territorial? O bien ¿qué interés tendría el privado en levantar un laboratorio de última tecnología para desarrollar la cura de una enfermedad que mata a 100 personas al año en todo el mundo?
En general, los intereses privados se miden por su capacidad de generar ganancias. O dicho de otro modo, lucro. Y hay un sentido moral en los humanos, que nos es inherente y que permite que comprendamos cuestiones básicas sobre el bien y el mal. Por ejemplo, nadie diría que lucrar con la salud de la gente va en la balanza del bien. No creo que se necesite de una ley que lo especifique. No creo necesario que se organicen mesas de trabajo y se gasten horas de estudio ―y dinero― para que un grupo a puertas cerradas resuelva que la nueva Constitución Política de la Republica debe establecer que lucrar con la salud es INMORAL.
¿En qué momento perdimos la capacidad de ver lo evidente, la capacidad de asombrarnos frente a lo abiertamente injusto? El Chile post-COVID se ha encargado de desnudar, de manera cruel, un largo proceso de deformación del discurso y del lenguaje. Esto ha significado que los ciudadanos terminemos haciéndonos ideas de las cosas solo en base a lo que se dicen de ellas, sin considerar nuestras propias experiencias y expectativas. La realidad se comenzó a definir por lo que dice la mayoría, y no por nuestra apreciación personal. Perdimos nuestra visión y capacidad de crítica. Ante ese escenario ideológico y en medio de la propia realidad, se presenta una interrogante que no tiene fácil, pronta, ni definitiva resolución: ¿Hasta qué punto utilizaremos la excusa del Estado Subsidiario para justificar su falta de responsabilidad?
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