Close

♫ Todo se derrumbó ♫… o no?

Con el rechazo de la reforma tributaria, el Congreso, de pasada, también rechazó las modificaciones a la actual Ley de I+D. De sus implicancias, a continuación.


Apenas iniciábamos el análisis de las propuestas de modificación a la Ley de Investigación y Desarrollo que se incluían en la reforma tributaria impulsada por el actual gobierno, cuando esta última fue rechazada el pasado marzo por nuestro Congreso, y con ello también se rechazaron las modificaciones a la actual Ley de I+D. Lejos de analizar los motivos de esta decisión, me interesa reflexionar sobre lo que implica este rechazo para el instrumento en sí.

Las modificaciones incluidas en la mencionada reforma tenían como objetivo incentivar a que más empresas nacionales apuesten por ejecutar actividades de investigación y desarrollo, facilitando el acceso a los beneficios establecidos en este instrumento, e incluso instaurando incentivos adicionales para iniciativas de I+D vinculadas a ejes estratégicos para el desarrollo de nuestra matriz productiva nacional.

A mi juicio, las modificaciones se agrupaban en dos dimensiones complementarias: una dimensión operativa del instrumento, y otra dimensión más bien estratégica.

Dentro de la dimensión operativa, una de las modificaciones más importantes era la eliminación del pago del arancel de solicitud de certificación de proyectos, el cual actualmente se encuentra en vigencia, y que fue comentado en mi columna anterior. También destacaba la incorporación de empresas con sistema de contabilidad simplificada para que solicitaran acogerse al beneficio (ya que en la actualidad pueden solicitar acogerse solamente empresas con contabilidad completa), el establecimiento de un trato preferencial a empresas del segmento Pyme, con el otorgamiento de un crédito reembolsable que funcionaría como subsidio para aquellos años en que estas entidades no generen utilidades (y por lo tanto no tengan impuestos sobre los que aplicar el crédito que otorga la ley) y la eliminación de la obligatoriedad para las empresas de realizar la rectificación de sus declaraciones de rentas para contribuyentes que obtienen su certificación de proyectos por parte de CORFO, implicando la aplicación del beneficio de manera retroactiva sobre años tributarios ya cerrados.

En la dimensión estratégica, destacaban modificaciones tales como la aplicación de un crédito tributario anual de hasta 45.000 UTM, en reemplazo del actual tope en este crédito de 15.000 UTM (con lo cual se esperaba atraer la atención de empresas que desean invertir altas cantidades en ejecución de proyectos de I+D) y la aplicación de incentivos y créditos adicionales cuando se tratase de proyectos que incorporaran dentro de sus equipos de trabajo a capital humano altamente especializado (tales como doctoras o doctores), e iniciativas calificadas como de impacto ambiental positivo directo.

En el papel, este conjunto de modificaciones ―junto con otras existentes que por extensión no podré comentar―, podrían haber generado grandes mejoras en la utilización del instrumento, en su acceso y en su impacto. Esto es una certeza, ya que tales mejoras no fueron cambios propuestos de manera antojadiza, sino que se desarrollaron y propusieron de una manera profesional y en base a la experiencia acumulada tanto de los usuarios y operadores del instrumento, quienes en base a la experiencia del día a día, detectaron brechas y oportunidades de mejora y sobre las cuales se propusieron estas modificaciones esperando de una manera sincera, buenos resultados para el país en términos de desarrollo tecnológico.

¿Acaso el rechazo a la reforma tributaria que contenía tales modificaciones implica que estas mejoras a la Ley de I+D no se van a implementar nunca? No necesariamente. O, al menos, no debería ser así. De todas formas urge optimizar el instrumento de I+D para que cumpla con los objetivos esperados, respondiendo a las necesidades sobre las cuales se promulgó esta Ley hace ya más de 10 años.

Para ser tajante, y en base a lo que se ve en el día a día de la operación de la Ley, las modificaciones deben ir sí o sí. Y a falta de la reforma tributaria que las acoja, existen otros mecanismos que podrían ayudar a implementarlas, existiendo por ejemplo medidas internas que dependen de CORFO, como decretar nuevas resoluciones de gastos o instructivo de operaciones.

En el mejor de los casos, lo ocurrido implica solo un retraso y no un escenario en donde ya no se apliquen las mejoras necesarias a la Ley de I+D. De cualquier manera, el actual panorama plantea un escenario altamente desafiante para CORFO ya que, al ser la entidad encargada de la administración del instrumento, deberá solucionar en el corto plazo a las brechas existentes y que se pretendían mejorar con la fallida reforma.

Tal vez todo lo ocurrido sea positivo, en el sentido de que se llegue a un escenario en donde se pueda reformar la Ley separándola de otras reformas de mayor envergadura, recordando que ello ya se realizó en el pasado. Pero, sin dudas, es un llamado a la acción para aquellos responsables de esta política pública, ya que necesitamos que éste y otros instrumentos que fomentan la innovación en base a la sofisticación tecnológica de nuestra nueva matriz productiva se apliquen de manera exitosa y efectiva, generando así el impacto deseado: implementar y sostener una industria que tenga al desarrollo científico como pilar estratégico para su crecimiento y, con ello, el crecimiento de nuestro país.

Ingresa a tu cuenta aquí

Magíster en Gestión Tecnológica

Deja un comentario

Leave a comment
scroll to top